Buscar este blog
lunes, 11 de abril de 2011
INTRODUCCIÓN
En esta presentales dare a conocer los distintos problemas que a surgieron en el siglo xx.
las primeras huelgas
Hacia 1890, año de la primera huelga general en la historia de Chile -la “huelga grande”
de Tarapacá, Antofagasta y Valparaíso- el movimiento popular ya había iniciado un
proceso de transición, que los acontecimientos de ese año pusieron de relieve2.
Hasta entonces la columna vertebral del movimiento de los trabajadores había estado
conformada por artesanos y obreros urbanos calificados. Los carpinteros, ebanistas, sastres,
zapateros, cigarreros y tipógrafos constituyeron la vanguardia social popular. Sus
reivindicaciones más persistentes fueron, a lo largo de todo el siglo: el proteccionismo a la
de Tarapacá, Antofagasta y Valparaíso- el movimiento popular ya había iniciado un
proceso de transición, que los acontecimientos de ese año pusieron de relieve2.
Hasta entonces la columna vertebral del movimiento de los trabajadores había estado
conformada por artesanos y obreros urbanos calificados. Los carpinteros, ebanistas, sastres,
zapateros, cigarreros y tipógrafos constituyeron la vanguardia social popular. Sus
reivindicaciones más persistentes fueron, a lo largo de todo el siglo: el proteccionismo a la
“industria nacional” y la reforma o abolición del servicio militar en la Guardia Nacional,
que pesaba exclusivamente sobre los trabajadores. Las organizaciones sociales en las que se
aglutinaba este movimiento eran: las mutuales, cooperativas, sociedades filarmónicas de
obreros, cajas de ahorro, escuelas de artesanos y otras que venían desarrollándose desde
mediados de siglo, como expresión del proyecto de “regeneración del pueblo” preconizado
por los igualitarios en 1850 y por las generaciones posteriores de militantes populares. Un
ideario de progreso, ilustración, mejoramiento material, intelectual y moral de los
trabajadores a través de la práctica del socorro mutuo, la educación, el ahorro, las
diversiones sanas e ilustradas, era el elemento central del ethos colectivo del movimiento
popular organizado. Y en el plano político, la adhesión inicial a los ideales del liberalismo
había dado paulatinamente paso a una corriente sui generis de liberalismo popular, que
progresivamente había tendido a distinguirse y luego a separarse del liberalismo de las
elites dirigentes. La vía de las reformas graduales, que apuntaba a la transformación del
régimen liberal en sistema democrático, aprovechando las libertades existentes para
ponerlas al servicio de los intereses de los trabajadores, llevó a los militantes populares a
romper con el liberalismo ”de frac y corbata” y a organizar en 1887 una representación
política independiente: el Partido Democrático.
Pero este movimiento vivía, como hemos señalado, una etapa de transición. Desde
comienzos de los años ochenta despuntaban una serie de elementos nuevos que estaban
relacionados con el paso desde una economía tradicional, en muchos aspectos
precapitalista, a la era del capitalismo industrial. Las huelgas y protestas en el norte
salitrero y en los principales centros urbanos habían proliferado emergiendo con fuerza
reivindicaciones típicamente obreras, como las relativas a salarios y condiciones de trabajo.
Un reflejo en el plano organizativo de esta evolución del movimiento popular, desde una
política de “cooperación” hacia una de confrontación, fue la afirmación de las funciones
sindicales, esto es, reivindicativas, de las mutuales (especialmente en las de tipógrafos), y la
aparición -desde los años setenta- de las primeras estructuras de índole protosindical,
coordinaciones de huelga que actuaban junto o al lado de las sociedades de socorros
mutuos, en los conflictos laborales. En el ámbito político, la corriente liberal popular
evolucionaba decididamente hacia una mayor diferenciación con el liberalismo de las elites,
primero, y luego hacia la ruptura, expresada, finalmente, en la fundación del Partido
Democrático a fines de 18873.
La huelga general de 1890 fue un punto de quiebre, una fractura histórica de
considerable magnitud en el seno del movimiento popular, a la vez que un hito simbólico
que brinda un excelente punto de observación de los procesos que se encontraban en curso.
La “huelga grande” de 1890 marcó -de manera sangrienta- la entrada en la escena social de
la moderna clase obrera, en vías de formación en las explotaciones mineras, los puertos y la
industria fabril. Esta huelga permite apreciar el creciente protagonismo de los mineros,
que pesaba exclusivamente sobre los trabajadores. Las organizaciones sociales en las que se
aglutinaba este movimiento eran: las mutuales, cooperativas, sociedades filarmónicas de
obreros, cajas de ahorro, escuelas de artesanos y otras que venían desarrollándose desde
mediados de siglo, como expresión del proyecto de “regeneración del pueblo” preconizado
por los igualitarios en 1850 y por las generaciones posteriores de militantes populares. Un
ideario de progreso, ilustración, mejoramiento material, intelectual y moral de los
trabajadores a través de la práctica del socorro mutuo, la educación, el ahorro, las
diversiones sanas e ilustradas, era el elemento central del ethos colectivo del movimiento
popular organizado. Y en el plano político, la adhesión inicial a los ideales del liberalismo
había dado paulatinamente paso a una corriente sui generis de liberalismo popular, que
progresivamente había tendido a distinguirse y luego a separarse del liberalismo de las
elites dirigentes. La vía de las reformas graduales, que apuntaba a la transformación del
régimen liberal en sistema democrático, aprovechando las libertades existentes para
ponerlas al servicio de los intereses de los trabajadores, llevó a los militantes populares a
romper con el liberalismo ”de frac y corbata” y a organizar en 1887 una representación
política independiente: el Partido Democrático.
Pero este movimiento vivía, como hemos señalado, una etapa de transición. Desde
comienzos de los años ochenta despuntaban una serie de elementos nuevos que estaban
relacionados con el paso desde una economía tradicional, en muchos aspectos
precapitalista, a la era del capitalismo industrial. Las huelgas y protestas en el norte
salitrero y en los principales centros urbanos habían proliferado emergiendo con fuerza
reivindicaciones típicamente obreras, como las relativas a salarios y condiciones de trabajo.
Un reflejo en el plano organizativo de esta evolución del movimiento popular, desde una
política de “cooperación” hacia una de confrontación, fue la afirmación de las funciones
sindicales, esto es, reivindicativas, de las mutuales (especialmente en las de tipógrafos), y la
aparición -desde los años setenta- de las primeras estructuras de índole protosindical,
coordinaciones de huelga que actuaban junto o al lado de las sociedades de socorros
mutuos, en los conflictos laborales. En el ámbito político, la corriente liberal popular
evolucionaba decididamente hacia una mayor diferenciación con el liberalismo de las elites,
primero, y luego hacia la ruptura, expresada, finalmente, en la fundación del Partido
Democrático a fines de 18873.
La huelga general de 1890 fue un punto de quiebre, una fractura histórica de
considerable magnitud en el seno del movimiento popular, a la vez que un hito simbólico
que brinda un excelente punto de observación de los procesos que se encontraban en curso.
La “huelga grande” de 1890 marcó -de manera sangrienta- la entrada en la escena social de
la moderna clase obrera, en vías de formación en las explotaciones mineras, los puertos y la
industria fabril. Esta huelga permite apreciar el creciente protagonismo de los mineros,
de vanguardia que irían ocupando
progresivamente desde esa época.
Pero la sustitución de los liderazgos fue lenta, no sólo porque los antiguos sujetos
protagónicos no desertaron pura y simplemente de la lucha social sino, también, porque los
nuevos actores vivían una etapa transicional. La transformación del peonaje colonial en
proletariado aun no había terminado y la persistencia de relaciones laborales con fuertes
resabios precapitalistas (pago en fichas-salario, regalías, castigos físicos) y la mentalidad
que ello engendraba, tanto en los patrones como en los trabajadores, son claros indicios de
que la metamorfosis del peonaje en proletariado no había concluido. Cierta ambigüedad
caracterizaría durante todo un período a la vanguardia emergente: el espontaneísmo, el
“primitivismo” de sus protestas, los métodos premodernos de lucha persistirían durante
algunos años (la huelga general de 1890 tuvo bastante de esto), pero el propio desarrollo del
modo de producción capitalista, el avance de las ideologías de reforma y redención social
en el seno de las clases laboriosas, y los esfuerzos conjugados de la elite y del Estado,
aceleraron la mutación cultural de los trabajadores proletarizándolos, alejándolos de su
origen peonal.
Un resultado de estas transformaciones fue la adopción por parte del nuevo actor –el
proletariado- de algunos de los ideales y de las formas de organización y lucha de la antigua
vanguardia, cuestión sobre la que volveremos al examinar la situación del movimiento
obrero y popular en la época de la “huelga grande” tarapaqueña de 1907.
En la huelga de 1890, por último, los fenómenos de desencuentro entre la vieja
vanguardia y la emergente avanzada social proletaria, también tuvieron su correlato en el
plano político. El Partido Democrático no impulsó el movimiento ni intentó darle
conducción; se desligó de la violencia de los huelguistas, guardó silencio y se limitó a pedir
al Presidente de la República la adopción de medidas para aliviar la angustiosa situación
económica por la que atravesaban los sectores populares. El Partido Democrático
representaba prioritariamente a los obreros y artesanos urbanos calificados y a algunos
estratos de la intelectualidad de las capas medias; su presencia entre los mineros, obreros
fabriles y portuarios todavía era ínfima o nula. En su programa se refleja una ausencia casi
total de reivindicaciones propiamente proletarias como las relativas a salarios y condiciones
laborales. El desencuentro entre los demócratas y los huelguistas de julio correspondía
también a la estrategia de incorporación del joven partido al juego político institucional. La
huelga general de 1890, puso de manifiesto el desface entre la organización política de
vanguardia de la vieja columna vertebral del movimiento popular y los nuevos actores -
proletarios- emergentes.
El período que medió entre esta primera huelga general y la de 1907, profundizó y
matizó algunos de estos fenómenos y provocó el surgimiento de otros.
progresivamente desde esa época.
Pero la sustitución de los liderazgos fue lenta, no sólo porque los antiguos sujetos
protagónicos no desertaron pura y simplemente de la lucha social sino, también, porque los
nuevos actores vivían una etapa transicional. La transformación del peonaje colonial en
proletariado aun no había terminado y la persistencia de relaciones laborales con fuertes
resabios precapitalistas (pago en fichas-salario, regalías, castigos físicos) y la mentalidad
que ello engendraba, tanto en los patrones como en los trabajadores, son claros indicios de
que la metamorfosis del peonaje en proletariado no había concluido. Cierta ambigüedad
caracterizaría durante todo un período a la vanguardia emergente: el espontaneísmo, el
“primitivismo” de sus protestas, los métodos premodernos de lucha persistirían durante
algunos años (la huelga general de 1890 tuvo bastante de esto), pero el propio desarrollo del
modo de producción capitalista, el avance de las ideologías de reforma y redención social
en el seno de las clases laboriosas, y los esfuerzos conjugados de la elite y del Estado,
aceleraron la mutación cultural de los trabajadores proletarizándolos, alejándolos de su
origen peonal.
Un resultado de estas transformaciones fue la adopción por parte del nuevo actor –el
proletariado- de algunos de los ideales y de las formas de organización y lucha de la antigua
vanguardia, cuestión sobre la que volveremos al examinar la situación del movimiento
obrero y popular en la época de la “huelga grande” tarapaqueña de 1907.
En la huelga de 1890, por último, los fenómenos de desencuentro entre la vieja
vanguardia y la emergente avanzada social proletaria, también tuvieron su correlato en el
plano político. El Partido Democrático no impulsó el movimiento ni intentó darle
conducción; se desligó de la violencia de los huelguistas, guardó silencio y se limitó a pedir
al Presidente de la República la adopción de medidas para aliviar la angustiosa situación
económica por la que atravesaban los sectores populares. El Partido Democrático
representaba prioritariamente a los obreros y artesanos urbanos calificados y a algunos
estratos de la intelectualidad de las capas medias; su presencia entre los mineros, obreros
fabriles y portuarios todavía era ínfima o nula. En su programa se refleja una ausencia casi
total de reivindicaciones propiamente proletarias como las relativas a salarios y condiciones
laborales. El desencuentro entre los demócratas y los huelguistas de julio correspondía
también a la estrategia de incorporación del joven partido al juego político institucional. La
huelga general de 1890, puso de manifiesto el desface entre la organización política de
vanguardia de la vieja columna vertebral del movimiento popular y los nuevos actores -
proletarios- emergentes.
El período que medió entre esta primera huelga general y la de 1907, profundizó y
matizó algunos de estos fenómenos y provocó el surgimiento de otros.
EL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR HACIA 1907
En grandes rasgos podríamos señalar la consolidación de la nueva vanguardia social
(obrera) y de sus reivindicaciones específicas (salariales y laborales). Asociado a este
fenómeno había surgido desde el cambio de siglo como primeras formas de organización
sindical, las sociedades de (o en) resistencia, animadas por militantes anarquistas. Hacia la
misma época nacieron las mancomunales como entidades que tendieron a combinar la
actividad reivindicativa o sindical con aquéllas más tradicionales de tipo mutualista y de
(obrera) y de sus reivindicaciones específicas (salariales y laborales). Asociado a este
fenómeno había surgido desde el cambio de siglo como primeras formas de organización
sindical, las sociedades de (o en) resistencia, animadas por militantes anarquistas. Hacia la
misma época nacieron las mancomunales como entidades que tendieron a combinar la
actividad reivindicativa o sindical con aquéllas más tradicionales de tipo mutualista y de
educación y recreación popular. En realidad, el fenómeno mancomunal era la expresión de
cierta indiferenciación de funciones en el seno de muchas organizaciones sociales. Las
fronteras entre el sindicalismo y el mutualismo no eran netas: las mutuales siempre habían
impulsado movimientos reivindicativos de los trabajadores, especialmente desde la década
de 1870, en gremios como los tipógrafos y cigarreros. El fenómeno se acentuó de tal
manera que durante los primeros años del siglo XX, en ciertas ciudades las sociedades de
socorros mutuos o sus instancias de coordinación, seguían siendo las organizaciones más
aptas para convocar al conjunto del pueblo llano a movilizaciones para defender sus
intereses. Fue el Congreso Social Obrero -conglomerado de mutuales- quien convocó a la
“huelga de la carne” en Santiago en octubre de 1905 e hizo, a comienzos de 1908, un
llamado a la huelga general para protestar por la masacre de la escuela Santa María. La
mutualidad no era ajena, por lo visto, a la protesta y a la reivindicación social. Aparte de la
imbricación de funciones, también contribuía a oscurecer la línea de demarcación entre el
mutualismo y el naciente sindicalismo el cambio de perfil de algunas organizaciones. El
ejemplo más claro por esos años fue el de la Federación Obrera de Chile (FOCH), creada en
1908 como una mutual de los obreros ferroviarios, pero que terminó convertida en un
organismo nucleador de las entidades sindicales bajo influencia del Partido Obrero
Socialista (POS), fundado en 1912 por Luis Emilio Recabarren4.
En general, hacia la época de la “huelga grande” de 1907 no puede hablarse de
“reemplazo” o “sustitución” de un tipo de asociación por otras, sino de una mayor variedad
de organizaciones sociales populares. A las antiguas instituciones (mutuales, filarmónicas
de obreros, escuelas nocturnas de artesanos, cajas de ahorro, cooperativas, logias de
temperancia), se sobreponen las nuevas (sociedades en resistencia, mancomunales, ateneos
obreros, centros de estudios sociales, etc.), haciendo más variado y complejo el panorama
del societarismo de las clases laboriosas.
Pero, más allá de lo organizativo y de las funciones asumidas por las agrupaciones
populares, conviene subrayar el creciente protagonismo obrero y la mayor importancia que
van cobrando las doctrinas de redención social como el anarquismo y el socialismo. En el
fondo, las mutuaciones políticas, culturales e ideológicas en el seno del movimiento obrero
y popular, hacia 1907 ya habían provocado un cambio de su ethos colectivo. Si hasta fines
del siglo XIX, la cultura, el proyecto y el ethos colectivo del movimiento popular organizado
podía sintetizarse en la aspiración a la “regeneración del pueblo”, hacia la época del baño
de sangre de la escuela Santa María, el movimiento obrero ya enarbolaba la consigna más
radical de “la emancipación de los trabajadores”. En el plano directamente político, la
evolución había sido muy compleja y contradictoria, ya que la ruptura inicial con el
liberalismo oficial que había representado la fundación del Partido Democrático, se había
visto matizada pocos años más tarde por su plena cooptación por el sistema parlamentarista
a través del ingreso de los demócratas a la Alianza Liberal en 1896. La situación del Partido
Democrático se había hecho aún más compleja ya que en contraposición en su
incorporación al juego político de la Republica Parlamentaria, habían surgido en su seno
tendencias más radicales (socializantes y anarquizantes), que eran la expresión del
descontento de una significativa fracción de la base, base social que se había desarrollado
diversificándose incorporando a mayores contingentes proletarios. Y, aunque las fronteras
entre las tendencias anarquistas y socialistas fuera del propio Partido Democrático tampoco
eran claras hacia el cambio de siglo, al cabo de los diecisiete años transcurridos entre 1890
cierta indiferenciación de funciones en el seno de muchas organizaciones sociales. Las
fronteras entre el sindicalismo y el mutualismo no eran netas: las mutuales siempre habían
impulsado movimientos reivindicativos de los trabajadores, especialmente desde la década
de 1870, en gremios como los tipógrafos y cigarreros. El fenómeno se acentuó de tal
manera que durante los primeros años del siglo XX, en ciertas ciudades las sociedades de
socorros mutuos o sus instancias de coordinación, seguían siendo las organizaciones más
aptas para convocar al conjunto del pueblo llano a movilizaciones para defender sus
intereses. Fue el Congreso Social Obrero -conglomerado de mutuales- quien convocó a la
“huelga de la carne” en Santiago en octubre de 1905 e hizo, a comienzos de 1908, un
llamado a la huelga general para protestar por la masacre de la escuela Santa María. La
mutualidad no era ajena, por lo visto, a la protesta y a la reivindicación social. Aparte de la
imbricación de funciones, también contribuía a oscurecer la línea de demarcación entre el
mutualismo y el naciente sindicalismo el cambio de perfil de algunas organizaciones. El
ejemplo más claro por esos años fue el de la Federación Obrera de Chile (FOCH), creada en
1908 como una mutual de los obreros ferroviarios, pero que terminó convertida en un
organismo nucleador de las entidades sindicales bajo influencia del Partido Obrero
Socialista (POS), fundado en 1912 por Luis Emilio Recabarren4.
En general, hacia la época de la “huelga grande” de 1907 no puede hablarse de
“reemplazo” o “sustitución” de un tipo de asociación por otras, sino de una mayor variedad
de organizaciones sociales populares. A las antiguas instituciones (mutuales, filarmónicas
de obreros, escuelas nocturnas de artesanos, cajas de ahorro, cooperativas, logias de
temperancia), se sobreponen las nuevas (sociedades en resistencia, mancomunales, ateneos
obreros, centros de estudios sociales, etc.), haciendo más variado y complejo el panorama
del societarismo de las clases laboriosas.
Pero, más allá de lo organizativo y de las funciones asumidas por las agrupaciones
populares, conviene subrayar el creciente protagonismo obrero y la mayor importancia que
van cobrando las doctrinas de redención social como el anarquismo y el socialismo. En el
fondo, las mutuaciones políticas, culturales e ideológicas en el seno del movimiento obrero
y popular, hacia 1907 ya habían provocado un cambio de su ethos colectivo. Si hasta fines
del siglo XIX, la cultura, el proyecto y el ethos colectivo del movimiento popular organizado
podía sintetizarse en la aspiración a la “regeneración del pueblo”, hacia la época del baño
de sangre de la escuela Santa María, el movimiento obrero ya enarbolaba la consigna más
radical de “la emancipación de los trabajadores”. En el plano directamente político, la
evolución había sido muy compleja y contradictoria, ya que la ruptura inicial con el
liberalismo oficial que había representado la fundación del Partido Democrático, se había
visto matizada pocos años más tarde por su plena cooptación por el sistema parlamentarista
a través del ingreso de los demócratas a la Alianza Liberal en 1896. La situación del Partido
Democrático se había hecho aún más compleja ya que en contraposición en su
incorporación al juego político de la Republica Parlamentaria, habían surgido en su seno
tendencias más radicales (socializantes y anarquizantes), que eran la expresión del
descontento de una significativa fracción de la base, base social que se había desarrollado
diversificándose incorporando a mayores contingentes proletarios. Y, aunque las fronteras
entre las tendencias anarquistas y socialistas fuera del propio Partido Democrático tampoco
eran claras hacia el cambio de siglo, al cabo de los diecisiete años transcurridos entre 1890
y 1907, puede hablarse globalmente de una inclinación hacia la “izquierda” del movimiento
popular. Cuando se produjo el holocausto de la escuela Santa María este proceso no había
terminado, ya que un hito importante ocurriría, como ya lo indicamos, pocos años después
al fundarse el Partido Obrero Socialista.
Los elementos señalados, tanto en el plano de las organizaciones sociales como
políticas del mundo popular, nos indican que los procesos se encontraban a medio camino.
Tal vez porque la propia transición laboral no había concluido, como lo prueba la gran
coincidencia entre las principales reivindicaciones levantadas por los huelguistas de 1890 y
de 1907: término de la ficha-salario y de los abusos cometidos en las pulperías de las
oficinas salitreras, exigencia de pago de sus remuneraciones en plata o en billetes no
desvalorizados, demanda de seguridad laboral en las faenas para evitar los accidentes del
trabajo, especialmente en los cachuchos, establecimiento de escuelas, etcétera5.
La persistencia de las mismas reivindicaciones arroja luces acerca de la lentitud con que
la elite tomó conciencia y reaccionó frente a la “cuestión social”. Si bien se percibía un
mayor reconocimiento de la existencia de problemas sociales y se habían adoptado algunas
tímidas medidas como el voto de la Ley de Habitaciones Obreras y la creación de la Oficina
del Trabajo, ambas en 1906; en general prevaleció el endurecimiento y la respuesta
represiva frente a las demandas de los trabajadores: la huelga portuaria de Valparaíso
(1903), la “huelga de la carne” de Santiago (1905), la huelga general de Antofagasta (1906)
y la “huelga grande” de Tarapacá (1907), fueron ahogadas en sangre por la policía y las
Fuerzas Armadas. La mayor severidad de la represión era otro elemento diferenciador con
la situación anterior a 1890, que también acarrearía cambios en el perfil del movimiento
obrero y popular.
popular. Cuando se produjo el holocausto de la escuela Santa María este proceso no había
terminado, ya que un hito importante ocurriría, como ya lo indicamos, pocos años después
al fundarse el Partido Obrero Socialista.
Los elementos señalados, tanto en el plano de las organizaciones sociales como
políticas del mundo popular, nos indican que los procesos se encontraban a medio camino.
Tal vez porque la propia transición laboral no había concluido, como lo prueba la gran
coincidencia entre las principales reivindicaciones levantadas por los huelguistas de 1890 y
de 1907: término de la ficha-salario y de los abusos cometidos en las pulperías de las
oficinas salitreras, exigencia de pago de sus remuneraciones en plata o en billetes no
desvalorizados, demanda de seguridad laboral en las faenas para evitar los accidentes del
trabajo, especialmente en los cachuchos, establecimiento de escuelas, etcétera5.
La persistencia de las mismas reivindicaciones arroja luces acerca de la lentitud con que
la elite tomó conciencia y reaccionó frente a la “cuestión social”. Si bien se percibía un
mayor reconocimiento de la existencia de problemas sociales y se habían adoptado algunas
tímidas medidas como el voto de la Ley de Habitaciones Obreras y la creación de la Oficina
del Trabajo, ambas en 1906; en general prevaleció el endurecimiento y la respuesta
represiva frente a las demandas de los trabajadores: la huelga portuaria de Valparaíso
(1903), la “huelga de la carne” de Santiago (1905), la huelga general de Antofagasta (1906)
y la “huelga grande” de Tarapacá (1907), fueron ahogadas en sangre por la policía y las
Fuerzas Armadas. La mayor severidad de la represión era otro elemento diferenciador con
la situación anterior a 1890, que también acarrearía cambios en el perfil del movimiento
obrero y popular.
Entre la huelga general de 1890 y la de 1907, las transformaciones sufridas por el
movimiento popular eran importantes. La emergencia de una nueva vanguardia (obrera) y
de nuevas reivindicaciones y organizaciones populares se había visto acompañada de una
diversificación de la representación política de estos sectores, tanto por la aparición de la
corriente anarquista como por la manifestación de tendencias socialistas dentro y fuera del
Partido Democrático. La mutación del ethos colectivo del movimiento tenía mucho de
sincretismo, de mezcla de lo viejo con lo nuevo: la lucha por “la emancipación de los
trabajadores” recogía del ideario de la “regeneración del pueblo” su prédica moralizadora,
el racionalismo, la confianza en el progreso y la civilización, el proyecto de ilustración.
Eduardo Devés tiene razón al hablar de una “cultura obrera ilustrada” en tiempos del
Centenario6, pero me parece necesario subrayar los evidentes puntos de continuidad con la
cultura societaria popular del siglo XIX. La idealización de la ciencia y de la técnica, el
carácter eminentemente urbano y legalista del movimiento, el uso de la prensa como arma
movimiento popular eran importantes. La emergencia de una nueva vanguardia (obrera) y
de nuevas reivindicaciones y organizaciones populares se había visto acompañada de una
diversificación de la representación política de estos sectores, tanto por la aparición de la
corriente anarquista como por la manifestación de tendencias socialistas dentro y fuera del
Partido Democrático. La mutación del ethos colectivo del movimiento tenía mucho de
sincretismo, de mezcla de lo viejo con lo nuevo: la lucha por “la emancipación de los
trabajadores” recogía del ideario de la “regeneración del pueblo” su prédica moralizadora,
el racionalismo, la confianza en el progreso y la civilización, el proyecto de ilustración.
Eduardo Devés tiene razón al hablar de una “cultura obrera ilustrada” en tiempos del
Centenario6, pero me parece necesario subrayar los evidentes puntos de continuidad con la
cultura societaria popular del siglo XIX. La idealización de la ciencia y de la técnica, el
carácter eminentemente urbano y legalista del movimiento, el uso de la prensa como arma
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbD8twWvufUF20tuSo_n21HNqFyDktcXmpCEMvSTTJjnqlaRtQSzmnI8jseFLAwfD_cnRLG9UGeJPXkwhLpCs1FM40yAm6TIoNxmID-Bn72pZJcCxHmbwiHNYMo6SNMlZk8qtJ-XwtCtU/s1600/f-exhibiciones-ciudad-libertaria-1.jpg)
segunda mitad de la centuria decimonónica. Tal vez las principales diferencias con la
cultura y el ethos colectivo del movimiento simbolizado en la consigna de la “regeneración
del pueblo” eran, hacia fines de 1907, un mayor radicalismo como expresión de una
conciencia más nítida entre los trabajadores acerca de la oposición entre el trabajo y el
capital, y un mayor misticismo que las masacres de 1890, 1903, 1905, 1906 y la propia
carnicería de la escuela Santa María de Iquique contribuyeron a desarrollar.
Mi colofón quedará inconcluso porque persisten algunas interrogantes que la
historiografía debería responder: ¿cuál es el carácter del proyecto que animaba a la
vanguardia obrera y popular hacia 1907? Pregunta que tendríamos que tratar de contestar
situándonos más allá del discurso revolucionario de socialistas y anarquistas, del
radicalismo verbal de los lideres proletarios de la época. ¿Se trataba de un plan
revolucionario, antisistémico, de ruptura con el orden capitalista? O por el contrario, ¿era
simplemente un proyecto portador de reivindicaciones esenciales como mayor justicia
social y un trato más digno?, proyecto, a fin de cuentas, infrasistémico, de integración al
sistema, de conquistas graduales destinadas a democratizarlo.
En contrapunto o matiz con lo anterior podríamos plantear un segundo nivel de
interrogantes: aun tratándose de una aspiración de incorporación al sistema, aun cuando los
objetos populares fuesen limitados, ¿la cerrada negativa de la clase dominante no convertía
u obligaba a este movimiento a ser revolucionario, al no tener otra alternativa en el cuadro
del Estado oligárquico?
Pienso que las respuestas a estas dudas no tienen que ver solamente con las
características del movimiento obrero y popular de comienzos del siglo XX sino, también,
con otros momentos claves de nuestra historia más reciente como fueron la transición del
sindicalismo “libre” al sindicalismo legal, que se verificó entre 1925 y 1935, y toda la
evolución posterior de la izquierda chilena y del movimiento popular.
Y en sentido inverso, el estudio de otras situaciones históricas claves, como su posición
frente a la legislación social, y los desencuentros y desgarramientos que se manifestaron
cuando este movimiento se propuso -hacia fines de los sesenta y comienzos de los setentacomo
tarea práctica, inmediata, “tomarse el cielo por asalto”, esto es: conquistar el poder;
pueden ayudar a desentreñar las características y tendencias más profundas del movimiento
popular de la época de la masacre de la escuela Santa María.
Huelga portuaria de Valparaíso
La huelga portuaria de 1903 en Valparaíso anticipó los niveles de violencia y represión que tendrían movilizaciones sociales posteriores
Huelga de la carne
Huelga de la carne
La reacción popular ante el aumento del impuesto a la carne proveniente de Argentina, provocó el primer desborde social violento en la capital, puesto que la ausencia de la guarnición militar de Santiago dejó la ciudad a merced de los manifestantes durante dos días.
Masacre de la escuela santa maria de iquique.
Los sucesos que culminaron en la trágica masacre de la Escuela Santa María de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, constituyeron unos de los hitos más emblemáticos del movimiento obrero chileno. La mediación del gobierno durante la huelga, su masividad y su fatal desenlace, le dieron una especial connotación al conflicto, además de afectar profundamente la actividad salitrera y de provocar un fuerte impacto en la época, reflejado en la extraordinaria difusión de los acontecimientos en la prensa.
Aunque el movimiento obrero ya se había visto afectado por otros conflictos que culminaron en sangrientos incidentes como la huelga portuaria de Valparaíso en 1903 y la huelga de la carne en 1905, la singularidad que revistieron los hechos de 1907 le otorgó una relevancia que no tiene equivalencia. Este suceso se convirtió en un símbolo de la lucha social y del “martirio” que caracterizó a la historia popular del siglo XX, además ser un referente para muchos intelectuales y artistas que lo transformaron en tema de estudio y de expresión estética que contribuyeron a preservar la cultura obrera en la memoria colectiva del país.
Pese a que desde principios de 1907, Iquique se encontraba convulsionado por una serie de conflictos debido a la fuerte devaluación del peso y la consiguiente alza de precios, la huelga salitrera propiamente tal, estalló el 10 de diciembre en la oficina San Lorenzo, extendiéndose rápidamente a todo el cantón de San Antonio. Cinco días después, una columna de más de dos mil obreros caminó a Iquique en demanda de mejoras salariales y laborales, bajo la firme decisión de permanecer allí hasta que las compañías salitreras dieran respuesta a sus peticiones. Con el correr de los días la situación se agravó. Mientras que numerosos gremios de Iquique se sumaron al movimiento huelguístico, todos los cantones salitreros se plegaron al paro y, periódicamente, nuevos contingentes de mineros llegaban a la ciudad. Según estimaciones de la época, las cifras de huelguistas oscilaban entre 15 mil a 23 mil personas, lo que implicó que tanto las actividades del puerto, como la producción minera de toda la región, quedaran paralizadas por completo.
El rechazo de las compañías a negociar mientras no se reanudaran las labores, hizo que intervención estatal fuera confrontacional. El ministro del Interior Rafael Sotomayor ordenó restringir las libertades de reunión e impedir por cualquier medio el arribo de nuevos huelguistas a Iquique y el intendente Carlos Eastman decretó restricciones a la libertad de tránsito y ordenó a los huelguistas a abandonar la ciudad el 21 de diciembre, amenanzando con aplicar la fuerza si era necesario. Para entonces, el puerto ya se hallaba resguardado por una numerosa tropa de línea y tres buques de guerra.
Ante la negativa de los huelguistas a desalojar la Escuela Santa María, en donde permanecían desde hacía una semana, el 21 de diciembre el general Roberto Silva Renard ordenó a sus tropas hacer fuego en contra de la multitud. Según testigos, más de 200 cadáveres quedaron tendidos en la Plaza Montt y entre 200 y 400 heridos fueron trasladados a hospitales, de los cuales más de noventa murieron esa misma noche. Los sobrevivientes fueron enviados de regreso a las oficinas o embarcados a Valparaíso.
Las consecuencias de la masacre no se hicieron esperar. La notoriedad pública que alcanzaron los hechos logró conmover a varios intelectuales y políticos, convenciéndolos de la necesidad de abrir el debate sobre la cuestión social, mientras los sectores populares organizados reformularon sus propias estrategias a la luz de las enseñanzas que extrajeron de la tragedia.
Marchas del hambre en Santiago
La crisis de la industria salitrera ocasionada por el fin de la Gran Guerra Europea provocó una seria crisis económica en Chile que de inmediato gatilló nuevas movilizaciones populares.
Gran huelga en Magallanes
El movimiento obrero magallánico se conformó en torno a la industria de la carne y los astilleros que operaban en Punta Arenas y cuyo desarrollo estuvo vinculado al importante tráfico naviero a través del Estrecho de Magallanes. La apertura del Canal de Panamá (1914) provocó la crisis de dichas industrias con la consiguiente reacción de los trabajadores, muchos de los cuales perdieron sus empleos o vieron mermadas sus condiciones laborales.
Publicado por jaasiel contreras en 11:11
el gobierno de alessnadri
•El triunfo electoral de 1920
La necesidad de realizar reformas en el país, fue la principal bandera de lucha de la campaña de Alessandri, en la elección de 1920, en la cual contó con el apoyo de la Alianza Liberal. Su contendor fue Luis Barros Borgoña. Esta elección fue trascendental ya que en ella tomó importancia política la “clase media”. Alessandri triunfó por un estrecho margen en las elecciones presidenciales. Durante su campaña anunció un programa revolucionario para la época que produjo mucho alarma entre los conservadores y mucha esperanza en los sectores populares. Planteó la laicización de las instituciones, el establecimiento de una legislación social y el código del trabajo para satisfacer aspiraciones del proletariado. En lo económico, era partidario de fijar un impuesto a la renta y de crear el Banco Central. En términos políticos se mostraba partidario del Poder Ejecutivo.
•Renuncia, exilio y regreso
Frente a esa situación de hecho, el Presidente comprendió que la situación se escapa de su control y que su autoridad pasaba a ser nominal, por lo tanto, decidió renunciar a su cargo. Derrotado por los militares se exilió en Argentina y de ahí, junto a su esposa, se dirigió a Europa, donde permaneció hasta 1925.En Enero de ese año una nueva junta le pidió que regresara y asumiera el mando para restablecer la normalidad institucional. Volvió en Marzo de 1925, abocándose a la tarea de modificar el régimen político y redactar una nueva constitución.
Cuestion Social
Las clases trabajadoras - campesinos, mineros y salitreros,
artesanos, operarios fabriles y elementos medios más modestos
se vieron sometidas a una presión aplastante.
lConfluyeron sobre ellas innumerables problemas (económicos,
sanitarios y de salud, como también morales). Ni la clase dirigente
ni el régimen político supieron hallar solución para estos sufrimientos.
lPor ultimo, los afectados usaron la violencia contra la sociedad y la sociedad les respondió con la represión.
lA raíz de ello, una enorme mayoría numérica -los trabajadores- perdió la confianza en el patrón, el cura y el cacique como consuelo y providencia de las desgracias. Esta actitud arrastró a sectores medios más pudientes -intelectuales, artistas y profesionales- pero auto identificados con el pueblo.
lEl detonante para la "cuestión social'' fue el éxodo desde el campo a la ciudad y centros mineros.
Los factores económicos y sociales iban a provocar en Chile, después de la Guerra del Pacífico, problemas que hasta entonces no había encarado: el aumento de la población, el desarrollo industrial y la incorporación de la provincia de Tarapacá a la soberanía nacional y con ella el monopolio de la industria salitrera, daría origen a cuestiones llamadas a modificar profundamente la estructura social.
l
Fue en la región salitrera, en la cual las condiciones de vida de los trabajadores eran deplorables, por la expoliación de que eran víctimas de parte de las compañías, donde prendió el descontento en forma más intensa. Desde la incorporación de Tarapacá a la soberanía nacional, la emigración de los trabajadores desde las provincias septentrionales, particularmente Atacama y Coquimbo, y desde el Valle Central de Chile hasta Chiloé, fue considerable. Las características del clima y las penosas condiciones en que vivían los trabajadores de las oficinas salitreras, constituyeron factores determinantes de un malestar que no pudieron dejar de oír lospoderes públicos. De aquí surgió la iniciativa del ejecutivo para designar la que se denominó Comisión Consultiva De Tarapacá y Antofagasta, que fue nombrada por un decreto de febrero de 1904.
l
La queja unánime de los trabajadores era contra la pulpería, almacén de artículos de primera necesidad explotado como monopolio por las compañías, y el uso obligatorio de fichas, como forma de salario. Lasreclamaciones insistían en el precio excesivo de los artículos, disminución manifiesta del peso, decomiso inflexible de la mercadería comprada fuera e ella y despido inmediato del trabajo sorprendido en ello, acusado de ejercer lo que se denominaba contrabando.
l
Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual. No obstante, ya desde finales de siglo XIX muchos elementos se conjugaron para transformar los problemas sociales en una cuestión social, como son, un contexto económico capitalista plenamente consolidado, marcado por una incipiente industrialización y un proceso de urbanización descontrolado que agravaron las malas condiciones de vida del trabajador urbano; una clase dirigente ciega e ineficiente ante los problemas y quejas del mundo popular; y, finalmente, una clase trabajadora que ya no estuvo dispuesta a quedarse de brazos cruzados esperando que el Estado oligárquico llegara a ofrecer alguna solución a sus problemas.
Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no sólo a los trabajadores sino a todo el país. Desde entonces, surgieron a la luz pública una serie de innumerables escritos, ensayos, artículos de prensa y tesis de grado que comenzaron a analizar sus causas y motivos, además de las posibles alternativas de solución. Esta amplia gama de debates políticos e ideológicos pueden resumirse en tres grandes corrientes.
La primera corriente se originó al interior del mundo conservador-católico, que a partir de la Encíclica Rerum Novarum adhirió a la línea social cristiana impulsada por la iglesia católica. A grandes rasgos, vio la cuestión social como resultante de una crisis moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis estuvo puesto en la responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto material como espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la justicia. En síntesis, más acción social y menos caridad.
En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de regular el sistema de libre mercado que rigió en el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto material de todos los sectores.
Una tercera tendencia, fue la corriente socialista, impulsada por sectores pertenecientes a la clase trabajadora. Para este sector, los problemas sociales fueron consecuencia de la propia existencia del Estado liberal y del sistema capitalista; y declararon que su solución no pasó por la acción caritativa de la clase dirigente ni por las medidas de corte proteccionista que reclamaron algunos liberales, sino que radicó en la acción y el poder autónomo de los propios trabajadores
A pesar de sus diferencias, cada una de estas tres corrientes coincidió en la urgente necesidad de otorgar pronta solución a los problemas derivados de la cuestión social, que hacia el año 1920 se convirtió en una preocupante cuestión política, traspasando las fronteras de la opinión pública e insertándose de lleno en los planes del Gobierno y del Congreso Nacional.
La cuestión social es, en la doctrina social de la iglesia , el trastorno producido por el encuentro del progreso material con el decaimiento de los principios ético-sociales, trastorno que se caracteriza por un vivo malestar de todas las clases de la sociedad y la generación de antagonismo entre las mismas. La cuestión social para la Doctrina social de la Iglesia se manifiesta externamente como afectando de un modo principal a la clase obrera (los asalariados) en sus relaciones con los capitalista y empresarios; pero en realidad se hace sentir en todas las clases sociales.
Se puede decir que dos ideologías han surgido como explicaciones y respuestas al surgimiento de la cuestión: El sociales y el socialcristianismo. La cuestión social, en el caso del socialcristianismo, como señala el Papa León XIII en la Ecílica Grave de communi que, "en opinión de algunos, la llamada cuestión social es solamente económica, siendo por el contrario ciertísimo, que es principalmente moral y religiosa y por esto ha de resolverse en conformidad con las leyes de la moral y de la religión".
El historiador chileno Sergio Grez, citando a James O. Morris, describe la cuestión social como "la totalidad de... consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes: una nueva forma dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva "proletariado"; huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad de las ideas extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los amonestados trabajadores".
La sociedad de clases constituye una división jerárquica basada principalmente en las diferencias de ingresos, riquezas y acceso a los recursos materiales. Aunque las clases no son grupos cerrados y un individuo puede moverse de una clase a otra. Este sistema está muy relacionado con el sistema productivo y es el típico sistema de estratificación de las sociedades de Europa en los siglos XVII y XIX, así como de otras sociedades no igualitarias en que no existe igualdad de acceso a los recursos.
Clase Obrera:
Se entiende como clase obrera al conjunto de individuos que apareció como consecuencia del trabajo asalariado. Clase obrera designa al conjunto de individuos que, en una economía moderna, aportan básicamente el factor trabajo en la producción y a cambio reciben un salario o contraprestación económica, sin ser propietarios individuales de los medios de producción. El término se contrapone así a clase capitalista o sector social que aporta el capital.
En un sentido sociológico más vago y a la vez más restringido también se entiende porclase obrera, el grupo de trabajadores industriales asalariados. Con este alcance se la diferencia de otros grupos de trabajadores como los campesinos, los esclavos, los trabajadores autónomos o los empleados de servicios. Este significado del término es equivalente al término inglés de «blue collar workers» (trabajadores de cuello azul).
Capitalismo: El capitalismo es el sistema económico fundado en la propiedad privada y la libertad económica como relación económica básica de producción. El origen etimológico de la palabra capitalismo proviene de la idea de capital.
En el capitalismo los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o de servicios en forma libre con el propósito de beneficiarse. La distribución, la producción y los precios de los bienes y servicios son determinados por el libre mercado.
Se denomina sociedad capitalista a toda aquella sociedad política y jurídica originada en la civilización occidental y basada en aquel sistema económico. El orden capitalista se distingue de otras formas sociales y productivas por la movilidad social de los individuos y por la regulación formal de las relaciones socioeconómicas mediante el contrato libre.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oq-cCEaZEppwFmH-Fkz_RXbPYE6xlHJfswU3k3SQfkVkws20CYwNJEAdAiqaiIM6jkzo86EzkxVDlefVfJ_Pd8Jr46-9g4CbFCgaH-CgdIg7j-HCSny98YX-TcAO1DMkr-nWjnYdwrE/s1600/220px-Quarto_Stato_%2528Volpedo%2529_Detail.jpg)
Proletariado: es un término utilizado para designar a la clase social más baja de la época de la edad moderna que, en el modo de producción capitalista, se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a la burguesía por carecer de los medios de producción. Un miembro de tal clase es llamado un proletario.
La cuestión social es, en la doctrina social de la iglesia , el trastorno producido por el encuentro del progreso material con el decaimiento de los principios ético-sociales, trastorno que se caracteriza por un vivo malestar de todas las clases de la sociedad y la generación de antagonismo entre las mismas. La cuestión social para la Doctrina social de la Iglesia se manifiesta externamente como afectando de un modo principal a la clase obrera (los asalariados) en sus relaciones con los capitalista y empresarios; pero en realidad se hace sentir en todas las clases sociales.
Se puede decir que dos ideologías han surgido como explicaciones y respuestas al surgimiento de la cuestión: El sociales y el socialcristianismo. La cuestión social, en el caso del socialcristianismo, como señala el Papa León XIII en la Ecílica Grave de communi que, "en opinión de algunos, la llamada cuestión social es solamente económica, siendo por el contrario ciertísimo, que es principalmente moral y religiosa y por esto ha de resolverse en conformidad con las leyes de la moral y de la religión".
El historiador chileno Sergio Grez, citando a James O. Morris, describe la cuestión social como "la totalidad de... consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes: una nueva forma dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva "proletariado"; huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad de las ideas extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los amonestados trabajadores".
Clase social: es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica común que los vincula socioeconómicamente, sea por su función productiva o "social", poder adquisitivo o "económico" o por la posición dentro de la burocracia en una organización destinada a tales fines. Estos vínculos pueden generar o ser generados por intereses u objetivos que se consideren comunes y que refuercen la solidaridad interpersonal. La formación de un sistema de clases depende del hecho de que sus funciones sociales sean, independientemente de la existencia de una vinculación orgánica, mutuamente dependientes a un marco social mayor.
Clase Obrera:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQZ0p_xe0DKtxt1brHOQjATSawCaffnBbTBPL5GnByo51te_vZqj28yvANjBbNSC_3bx-LQe1QqNQ69YIEgN3HLcVrIpV60AyL6y1a_kPcKg8hQaVIQ1G19DkvgonDrPD74PAzghInXrM/s320/manifestacionhuelguista-6dc7a.jpg)
En un sentido sociológico más vago y a la vez más restringido también se entiende porclase obrera, el grupo de trabajadores industriales asalariados. Con este alcance se la diferencia de otros grupos de trabajadores como los campesinos, los esclavos, los trabajadores autónomos o los empleados de servicios. Este significado del término es equivalente al término inglés de «blue collar workers» (trabajadores de cuello azul).
Capitalismo: El capitalismo es el sistema económico fundado en la propiedad privada y la libertad económica como relación económica básica de producción. El origen etimológico de la palabra capitalismo proviene de la idea de capital.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAlheCBhDkOI_y2UdLc-TNZS0gYy8k_U7IZCbY339QGpcQ7zVs5T1nnbPoJVJuk46lLPkAyodcb7oQrI3Ba5-MZ3Tt7wd8p7u0ocdqbqkyrGkoDBrXmtPee3hKVzw66B0q2M1MMVEwQJI/s320/capitalismo.jpg)
Se denomina sociedad capitalista a toda aquella sociedad política y jurídica originada en la civilización occidental y basada en aquel sistema económico. El orden capitalista se distingue de otras formas sociales y productivas por la movilidad social de los individuos y por la regulación formal de las relaciones socioeconómicas mediante el contrato libre.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oq-cCEaZEppwFmH-Fkz_RXbPYE6xlHJfswU3k3SQfkVkws20CYwNJEAdAiqaiIM6jkzo86EzkxVDlefVfJ_Pd8Jr46-9g4CbFCgaH-CgdIg7j-HCSny98YX-TcAO1DMkr-nWjnYdwrE/s1600/220px-Quarto_Stato_%2528Volpedo%2529_Detail.jpg)
Proletariado: es un término utilizado para designar a la clase social más baja de la época de la edad moderna que, en el modo de producción capitalista, se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a la burguesía por carecer de los medios de producción. Un miembro de tal clase es llamado un proletario.
miércoles, 6 de abril de 2011
leyes laborales actuales (pre-natal post-natal
Ley De Bustos, ley nº 19.631
La Ley Nº 19.631, publicada en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 1999, conocida como “Ley Bustos”, obliga a los empleadores(as) a pagar las cotizaciones previsionales adeudadas al trabajador(a) como requisito para despedirlo.
La Ley Bustos se aplica a todos los trabajadores(as) sin excepción, incluidos los temporeros(as) y trabajadores(as) de casa particular.
Para que sea válido el despido, el empleador(a) debe acompañar al aviso de término de contrato, los certificados que acrediten que tiene pagadas las siguientes cotizaciones previsionales:
Cotizaciones de pensiones, AFP o INP.
Cotizaciones de salud, Fonasa o Isapre.
Cotizaciones del seguro de cesantía (Ley Nº19.728), si correspondiere.
El empleador tendrá que presentar las respectivas planillas de pago y debe comprobar que todas estas cotizaciones están pagadas para proceder al despido, de lo contrario éste no pondrá término al contrato de trabajo.
Cotizaciones del seguro de cesantía (Ley Nº19.728), si correspondiere.
El empleador tendrá que presentar las respectivas planillas de pago y debe comprobar que todas estas cotizaciones están pagadas para proceder al despido, de lo contrario éste no pondrá término al contrato de trabajo.
Ello significa que el empleador(a) tendrá que continuar pagando al trabajador(a) afectado , las remuneraciones y demás prestaciones contempladas en el contrato de trabajo, hasta que haya convalidado debidamente el despido.
¿CUANDO SE APLICA LA LEY BUSTOS? CAUSALES DE DESPIDO?
La obligación de pagar las cotizaciones previsionales del trabajador(a) antes de despedirlo ,se aplica cuando el contrato de trabajo termina por las siguientes causales:
- Las del artículo 159, Nºs 4, 5 y 6 del Código del Trabajo, que corresponden a:
Vencimiento del plazo del contrato de trabajo.
Conclusión o término del trabajo o servicio que dio origen al contrato.
Caso fortuito o fuerza mayor.
- Las del artículo 160, que corresponden a:
Las causales imputables al trabajador(a), es decir, aquellas en las que se establece negligencia, falta de probidad, abandono del trabajo, etc.
- Las del artículo 161,que corresponden a: Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, o desahucio.
- Esta ley no se aplicará cuando la causa de término de contrato sea la renuncia voluntaria o el mutuo acuerdo entre el empleador(a) y el trabajador(a).
¿QUÉ HACER SI EL TRABAJADOR ES DESPEDIDO CON SUS COTIZACIONES PREVISIONALES IMPAGAS?
Si el empleador(a) despide al trabajador(a) sin haber pagado las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al despido, éste debe hacer la denuncia ante la Inspección del Trabajo que corresponda al domicilio de la empresa y optar por demandar la nulidad de sus despido ante los Tribunales del Trabajo.
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
El empleador(a) que ha puesto término a la relación laboral sin haber pagado las respectivas cotizaciones previsionales, tendrá la obligación de:
Pagar al trabajador(a) la totalidad de las remuneraciones e imposiciones del período comprendido entre la fecha del despido y aquella en que efectivamente pagó las cotizaciones adeudadas y así lo acreditó.
El trabajador(a) no estará obligado a trabajar durante tal período.
El empleador(a) no puede dejar sin efecto el despido en forma unilateral, sólo podrán hacerlo ambas partes de común acuerdo. En tal caso, la relación laboral continuará vigente, en los mismos términos de antes, pero el empleador(a) deberá ponerse al día en el pago de lasa cotizaciones previsionales y de salud.
Si después de firmado el finiquito el trabajador(a) se percata de que el empleador(a) le adeudaba cotizaciones previsionales, deberá solicitar la nulidad del despido directamente ante los Tribunales del Trabajo.
La Ley Bustos otorga al trabajador(a) un plazo de seis meses para reclamar la nulidad del despido ante los Tribunales del Trabajo.
Reforma Previcional Bachelet.
Tras firmar el decreto que promulga la Reforma Previsional, el cambio más importante a ese sistema desde la creación de las AFP en 1980, la Presidenta Bachelet afirmó que su tramitación demuestran la forma en que “nos quiere ver la ciudadanía. Enfrentando seriamente los problemas del país y encontrando las respuestas constructivas que le hacen bien a Chile y a su gente”.
· En la ocasión, la Jefa de Estado agradeció la labor de los parlamentarios de gobierno y oposición, y sostuvo que “era fácil ponerse populista a costa de los sueños de los abuelos y abuelas. Sin embargo, no se cayó en esa tentación. Y el gobierno y la oposición estuvieron a la altura de las exigencias”.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó esta mañana en La Moneda el decreto que promulga la Ley Nº 20.255 que reforma el sistema previsional chileno y que constituye el cambio más importante al sistema desde la creación de las AFP en 1980.La Mandataria firmó el decreto en conjunto con los ministros del Trabajo, Osvaldo Andrade; de Hacienda, Andrés Velasco; de Interior, Edmundo Pérez Yoma, y por la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz. El resto del gabinete de la Presidenta, ministros y subsecretarios, incluida la subdirectora del Sernam Carmen Andrade, acompañó a la Jefa de Estado como invitados al acto formal realizado en el Patio de las Camelias.
En la ocasión, la Jefa de Estado señaló que “con la reforma previsional no gana este grupo o aquel otro, sino Chile en su conjunto. Ganan, desde luego, los cientos de miles de pensionados que ahora recibirán una pensión más digna, o que ahora recibirán una pensión que antes no recibían, a los cuales les decimos que Chile valora el esfuerzo de sus vidas”.
Del mismo modo, afirmó que el mensaje principal de esta iniciativa es que “Chile valora su vida dedicada al trabajo. De hombres y mujeres. De ricos y pobres. De quienes tuvieron la fortuna de contar con un trabajo estable, como de quienes no tuvieron esa fortuna. De las familias y de los abuelos. De la madre que tuvo que quedarse en su casa cuidando a sus hijos. De los jóvenes que quieren más oportunidades. De todos los chilenos y chilenas”.
En ese contexto, la Mandataria relevó que la confección y tramitación de este reforma deja un conjunto de enseñanzas políticas, “y yo lo resumiría de este modo: así nos quiere ver la ciudadanía. Enfrentando seriamente los problemas del país y encontrando las respuestas constructivas que le hacen bien a Chile y a su gente. La ciudadanía quiere diálogo, y no trincheras y confrontación. Quiere propuestas, y no descalificaciones. Quiere soluciones”, precisó.
Asimismo, señaló que “la ciudadanía quiere que prime el espíritu que permitió aprobar una reforma tan compleja como ésta, que hizo posible los acuerdos en educación y seguridad ciudadana; que está sacando adelante la agenda de probidad y transparencia. Es decir, que prevalezca el consenso y el diálogo, más que la confrontación sin sentido”.
En ese sentido, la Jefa de Estado subrayó que “la aprobación de una ley como ésta permite que el país vea el triunfo de la inteligencia, la creatividad, la reflexión madura y profesional, la capacidad técnica y la laboriosidad del gobierno y de sus parlamentarios, del conjunto de sus parlamentarios. Así también nos quiere ver la gente: imponiendo la inteligencia y la razón en la gestión política”.
Acompañada por prácticamente la totalidad de su gabinete de ministros, además de subsecretarios, jefes de servicios, parlamentarios y representantes de todos los partidos políticos, la Presidenta Bachelet celebró el inicio de una nueva etapa en el ámbito previsional y precisó que “para que la democracia sea cada día más sólida, es indispensable que exista un conjunto de derechos sociales garantizados”.
El nuevo marco legal crea, entre otras cosas, un Sistema de Pensiones Solidarias que beneficiará a hombres y mujeres que, por diversas razones, no lograron ahorrar lo suficiente para financiar una pensión digna.
Además, quienes no tienen ahorros previsionales e integran el grupo más vulnerable de la población, accederán gradualmente a una Pensión Básica Solidaria (PBS) a partir del 1 de julio de 2008, con un valor inicial de $ 60.000. A partir de julio de 2009, accederán a este beneficio el 45% más pobre de la población y la pensión se incrementará a $ 75.000 el 1 de julio de 2009.
Para quienes hayan cotizado en algún sistema previsional, pero de manera insuficiente, el Estado entregará un suplemento para incrementar la pensión, denominado Aporte Previsional Solidario (APS) y, de esa forma, asegurar un monto máximo a recibir. Este beneficio comenzará a entregarse a partir de julio de 2008, donde se garantizará una pensión máxima de $70.000. En julio de 2009, el tope para la pensión con aporte previsional solidario aumentará a $120.000, y así gradualmente hasta llegar a $255.000 en 2012.
Al respecto, la Mandataria indicó que la idea es promover un sistema que, sobre la perspectiva de derechos sociales de las personas, entregue tranquilidad a los ciudadanos y a sus familias para desarrollar sus vidas de manera libre y plena. “Y creo que para todos es evidente que en ese tipo de concepto de sociedad en que queremos vivir, la reforma a la previsión es un eje, es una piedra angular de este sistema”, puntualizó.
Finalmente, la Jefa de Estado agradeció la labor de los parlamentarios de gobierno y oposición, y sostuvo que “era fácil ponerse populista a costa de los sueños de los abuelos y abuelas. Sin embargo, no se cayó en esa tentación. Se cayó en la idea de garantizar derechos sociales. Eso fue una opción clara y definitiva. Y el gobierno y la oposición estuvieron a la altura de las exigencias”.
L ey Nº 20.255 que establece la Reforma Previsional
La nueva Ley, aprobada en enero de este año, establece que en los primeros años, las pensiones solidarias se concentrarán en los pensionados de menores ingresos, para ir gradualmente alcanzando a las personas que integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población. En 2010 se estima que existirán más de 800 mil beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias, alcanzando en régimen (en 2012) en torno a 1,5 millones de personas.
Las mujeres serán las principales beneficiarias del Sistema de Pensiones Solidarias, ya que se estima que más de un 60% de las PBS serán percibidas por ellas.
Se otorgará un bono por cada hijo nacido vivo, a todas las mujeres que perciban pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia, cuando cumplan 65 años, y a todas las beneficiarias del Pilar Solidario. Este bono equivale al 10% de 18 salarios mínimos. También recibirán este bono los hijos adoptados.
Se incluye como beneficiario de pensión de sobrevivencia generada por la mujer a su cónyuge hombre. También se autoriza la división del saldo acumulado en las cuentas individuales de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad.
En tanto para los trabajadores independientes se iguala la situación de derechos y obligaciones de cotización respecto de los trabajadores dependientes. Tendrán acceso a todos los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, a la Asignación Familiar, podrán afiliarse a las Cajas de Compensación y estarán protegidos por la ley de accidentes del trabajo. Su afiliación obligatoria se alcanzará en forma gradual, considerando un período de tres años en que continúa con la afiliación voluntaria.
Para los trabajadores jóvenes se crea un Subsidio a las primeras 24 cotizaciones de los trabajadores entre 18 y 35 años que perciban ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo.
Para otorgar mayor competencia y menores costos en el sistema de AFP se harán Licitaciones entre las AFP de los nuevos afiliados. Esto significa que los nuevos trabajadores serán asignados, por hasta 24 meses, a la AFP que ofrezca la menor comisión en la licitación, lo que se estima disminuirá el valor de las comisiones cobradas por las Administradoras.
Se eliminan las comisiones fijas por cotización, retiros y por transferencia de saldo, de modo de facilitar la comparación de precios entre administradoras. Se independiza de las AFP la administración del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), realizándose una licitación de este seguro para todos los afiliados, independiente de la AFP en la que se encuentren.
Para lograr una mayor rentabilidad de los fondos de pensiones se amplían las alternativas de inversión en Chile y en el exterior, lo que permitirá alcanzar mejores pensiones para los afiliados a las AFP. Se estima que un 1% de rentabilidad a lo largo de la vida activa aumenta en un 20% el monto de la pensión.
En el caso del límite de inversión en el exterior, se amplía hasta un 80%. Se flexibiliza el régimen de inversiones dejando sólo 5 límites establecidos por ley. Estas medidas permitirán mejorar la combinación de rentabilidad y riesgo de los ahorros previsionales de los trabajadores.
En cuanto al Ahorro Provisional Voluntario, se creará un mecanismo de ahorro previsional voluntario colectivo, mediante el cual los ahorros realizados por los trabajadores son complementados por sus respectivos empleadores, mediante acuerdos entre cada empresa y sus trabajadores.
Se mantiene el actual beneficio tributario al APV, pero además se crea un nuevo incentivo al ahorro previsional voluntario dirigido a la clase media, que beneficiará a quienes perciban rentas de hasta 1, 5 millones mensuales. Esta medida, consiste en una bonificación equivalente al 15% del monto ahorrado voluntariamente por el trabajador.
Con todo lo anterior la Reforma Previsional incorpora nuevos beneficios, beneficiarios y partícipes del sistema que hacen necesario modificar la institucionalidad vigente, de modo de garantizar un otorgamiento eficientemente de los nuevos beneficios.
Para ello se crea el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de la administración del Sistema de Pensiones Solidarias, de los regímenes previsionales que administra el INP y de los Centros de Atención Previsional Integral. Estos Centros están destinados a prestar servicios de tramitación de beneficios del Pilar Solidario, así como garantizar la prestación de servicios esenciales de información del sistema de pensiones para todos los usuarios.
También se crea una Superintendencia de Pensiones con facultades fiscalizadoras para resguardar el correcto funcionamiento del sistema, incluida la posibilidad de designar un “ inspector delegado” que resguarde la seguridad de los Fondos de Pensiones ante eventos que los pongan en riesgo.
Se promoverá la participación en el sistema de pensiones, para lo cual se creará una Comisión De Usuarios, que estará integrada por pensionados, trabajadores, representantes de los organismos administradores del sistema y un académico -que la presidirá-, donde se recogerán las evaluaciones que efectúen respecto del sistema de pensiones.
Santiago, 11 de marzo de 2008
En la ocasión, la Jefa de Estado señaló que “con la reforma previsional no gana este grupo o aquel otro, sino Chile en su conjunto. Ganan, desde luego, los cientos de miles de pensionados que ahora recibirán una pensión más digna, o que ahora recibirán una pensión que antes no recibían, a los cuales les decimos que Chile valora el esfuerzo de sus vidas”.
Del mismo modo, afirmó que el mensaje principal de esta iniciativa es que “Chile valora su vida dedicada al trabajo. De hombres y mujeres. De ricos y pobres. De quienes tuvieron la fortuna de contar con un trabajo estable, como de quienes no tuvieron esa fortuna. De las familias y de los abuelos. De la madre que tuvo que quedarse en su casa cuidando a sus hijos. De los jóvenes que quieren más oportunidades. De todos los chilenos y chilenas”.
En ese contexto, la Mandataria relevó que la confección y tramitación de este reforma deja un conjunto de enseñanzas políticas, “y yo lo resumiría de este modo: así nos quiere ver la ciudadanía. Enfrentando seriamente los problemas del país y encontrando las respuestas constructivas que le hacen bien a Chile y a su gente. La ciudadanía quiere diálogo, y no trincheras y confrontación. Quiere propuestas, y no descalificaciones. Quiere soluciones”, precisó.
Asimismo, señaló que “la ciudadanía quiere que prime el espíritu que permitió aprobar una reforma tan compleja como ésta, que hizo posible los acuerdos en educación y seguridad ciudadana; que está sacando adelante la agenda de probidad y transparencia. Es decir, que prevalezca el consenso y el diálogo, más que la confrontación sin sentido”.
En ese sentido, la Jefa de Estado subrayó que “la aprobación de una ley como ésta permite que el país vea el triunfo de la inteligencia, la creatividad, la reflexión madura y profesional, la capacidad técnica y la laboriosidad del gobierno y de sus parlamentarios, del conjunto de sus parlamentarios. Así también nos quiere ver la gente: imponiendo la inteligencia y la razón en la gestión política”.
Acompañada por prácticamente la totalidad de su gabinete de ministros, además de subsecretarios, jefes de servicios, parlamentarios y representantes de todos los partidos políticos, la Presidenta Bachelet celebró el inicio de una nueva etapa en el ámbito previsional y precisó que “para que la democracia sea cada día más sólida, es indispensable que exista un conjunto de derechos sociales garantizados”.
El nuevo marco legal crea, entre otras cosas, un Sistema de Pensiones Solidarias que beneficiará a hombres y mujeres que, por diversas razones, no lograron ahorrar lo suficiente para financiar una pensión digna.
Además, quienes no tienen ahorros previsionales e integran el grupo más vulnerable de la población, accederán gradualmente a una Pensión Básica Solidaria (PBS) a partir del 1 de julio de 2008, con un valor inicial de $ 60.000. A partir de julio de 2009, accederán a este beneficio el 45% más pobre de la población y la pensión se incrementará a $ 75.000 el 1 de julio de 2009.
Para quienes hayan cotizado en algún sistema previsional, pero de manera insuficiente, el Estado entregará un suplemento para incrementar la pensión, denominado Aporte Previsional Solidario (APS) y, de esa forma, asegurar un monto máximo a recibir. Este beneficio comenzará a entregarse a partir de julio de 2008, donde se garantizará una pensión máxima de $70.000. En julio de 2009, el tope para la pensión con aporte previsional solidario aumentará a $120.000, y así gradualmente hasta llegar a $255.000 en 2012.
Al respecto, la Mandataria indicó que la idea es promover un sistema que, sobre la perspectiva de derechos sociales de las personas, entregue tranquilidad a los ciudadanos y a sus familias para desarrollar sus vidas de manera libre y plena. “Y creo que para todos es evidente que en ese tipo de concepto de sociedad en que queremos vivir, la reforma a la previsión es un eje, es una piedra angular de este sistema”, puntualizó.
Finalmente, la Jefa de Estado agradeció la labor de los parlamentarios de gobierno y oposición, y sostuvo que “era fácil ponerse populista a costa de los sueños de los abuelos y abuelas. Sin embargo, no se cayó en esa tentación. Se cayó en la idea de garantizar derechos sociales. Eso fue una opción clara y definitiva. Y el gobierno y la oposición estuvieron a la altura de las exigencias”.
L ey Nº 20.255 que establece la Reforma Previsional
La nueva Ley, aprobada en enero de este año, establece que en los primeros años, las pensiones solidarias se concentrarán en los pensionados de menores ingresos, para ir gradualmente alcanzando a las personas que integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población. En 2010 se estima que existirán más de 800 mil beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias, alcanzando en régimen (en 2012) en torno a 1,5 millones de personas.
Las mujeres serán las principales beneficiarias del Sistema de Pensiones Solidarias, ya que se estima que más de un 60% de las PBS serán percibidas por ellas.
Se otorgará un bono por cada hijo nacido vivo, a todas las mujeres que perciban pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia, cuando cumplan 65 años, y a todas las beneficiarias del Pilar Solidario. Este bono equivale al 10% de 18 salarios mínimos. También recibirán este bono los hijos adoptados.
Se incluye como beneficiario de pensión de sobrevivencia generada por la mujer a su cónyuge hombre. También se autoriza la división del saldo acumulado en las cuentas individuales de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad.
En tanto para los trabajadores independientes se iguala la situación de derechos y obligaciones de cotización respecto de los trabajadores dependientes. Tendrán acceso a todos los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, a la Asignación Familiar, podrán afiliarse a las Cajas de Compensación y estarán protegidos por la ley de accidentes del trabajo. Su afiliación obligatoria se alcanzará en forma gradual, considerando un período de tres años en que continúa con la afiliación voluntaria.
Para los trabajadores jóvenes se crea un Subsidio a las primeras 24 cotizaciones de los trabajadores entre 18 y 35 años que perciban ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo.
Para otorgar mayor competencia y menores costos en el sistema de AFP se harán Licitaciones entre las AFP de los nuevos afiliados. Esto significa que los nuevos trabajadores serán asignados, por hasta 24 meses, a la AFP que ofrezca la menor comisión en la licitación, lo que se estima disminuirá el valor de las comisiones cobradas por las Administradoras.
Se eliminan las comisiones fijas por cotización, retiros y por transferencia de saldo, de modo de facilitar la comparación de precios entre administradoras. Se independiza de las AFP la administración del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), realizándose una licitación de este seguro para todos los afiliados, independiente de la AFP en la que se encuentren.
Para lograr una mayor rentabilidad de los fondos de pensiones se amplían las alternativas de inversión en Chile y en el exterior, lo que permitirá alcanzar mejores pensiones para los afiliados a las AFP. Se estima que un 1% de rentabilidad a lo largo de la vida activa aumenta en un 20% el monto de la pensión.
En el caso del límite de inversión en el exterior, se amplía hasta un 80%. Se flexibiliza el régimen de inversiones dejando sólo 5 límites establecidos por ley. Estas medidas permitirán mejorar la combinación de rentabilidad y riesgo de los ahorros previsionales de los trabajadores.
En cuanto al Ahorro Provisional Voluntario, se creará un mecanismo de ahorro previsional voluntario colectivo, mediante el cual los ahorros realizados por los trabajadores son complementados por sus respectivos empleadores, mediante acuerdos entre cada empresa y sus trabajadores.
Se mantiene el actual beneficio tributario al APV, pero además se crea un nuevo incentivo al ahorro previsional voluntario dirigido a la clase media, que beneficiará a quienes perciban rentas de hasta 1, 5 millones mensuales. Esta medida, consiste en una bonificación equivalente al 15% del monto ahorrado voluntariamente por el trabajador.
Con todo lo anterior la Reforma Previsional incorpora nuevos beneficios, beneficiarios y partícipes del sistema que hacen necesario modificar la institucionalidad vigente, de modo de garantizar un otorgamiento eficientemente de los nuevos beneficios.
Para ello se crea el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de la administración del Sistema de Pensiones Solidarias, de los regímenes previsionales que administra el INP y de los Centros de Atención Previsional Integral. Estos Centros están destinados a prestar servicios de tramitación de beneficios del Pilar Solidario, así como garantizar la prestación de servicios esenciales de información del sistema de pensiones para todos los usuarios.
También se crea una Superintendencia de Pensiones con facultades fiscalizadoras para resguardar el correcto funcionamiento del sistema, incluida la posibilidad de designar un “ inspector delegado” que resguarde la seguridad de los Fondos de Pensiones ante eventos que los pongan en riesgo.
Se promoverá la participación en el sistema de pensiones, para lo cual se creará una Comisión De Usuarios, que estará integrada por pensionados, trabajadores, representantes de los organismos administradores del sistema y un académico -que la presidirá-, donde se recogerán las evaluaciones que efectúen respecto del sistema de pensiones.
Santiago, 11 de marzo de 2008
Protección a la maternidad
Los derechos a descanso prenatal y descanso postnatal son parte integrante de las normas de protección a la maternidad. Esta normativa se encuentra contenida en el Título II del Libro II del Código del Trabajo, entre los artículos 194 y 208 del mencionado cuerpo legal.
Este conjunto de normas se justifica por el interés del legislador en orden a proteger la vida y la integridad del que está por nacer, del recién nacido y del niño. Para proteger al que está por nacer, la ley establece una serie de garantías a favor la mujer embarazada, una de las cuales es el derecho-obligación a tenerdescanso prenatal. Por su parte, para proteger al recién nacido, la ley, dentro de otras cosas, otorga un derecho-obligación a gozar de un descanso postnatal.
El artículo 194 del Código del Trabajo dispone que se sujetan a sus normas de protección a la maternidad, los servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas industriales, extractivas, agrícolas o comerciales, sea que se trate de propiedad fiscal, semifiscal, de administración autónoma o independiente, municipal o particular o perteneciente a una corporación de derecho público o privado.
II. Derecho a descanso prenatal
a) Duración del descanso prenatal
La extensión legal del descanso prenatal es de seis semanas antes del parto, según lo dispuesto por el artículo 195 del Código del Trabajo. La protección legal es concordante con la complejidad natural del último período de embarazo, en donde es aconsejable que la mujer deje de trabajar y realice actividades mucho más livianas que de costumbre.
Es posible que una vez tomado el descanso prenatal y cumplidas las seis semanas, el parto se produzca más allá de este tiempo. La ley, puesta en este caso, considera que el descanso prenatal se entiende prorrogado hasta la fecha efectiva del parto.
b) Descanso prenatal suplementario
En caso de producirse una enfermedad derivada del embarazo, la ley concede a la mujer un descanso prenatal suplementario, cuya duración será la determinada en el respectivo certificado médico que la trabajadora deberá presentar a su empleador. La protección de la ley en este caso se produce por la vía de asegurarse que el embarazo de la mujer se desarrolle de la mejor manera posible, incluso antes del descanso prenatal ordinario.
III. Derecho a descanso postnatal
a) Duración del descanso postnatal
La extensión legal del descanso postnatal es de doce semanas después del parto. La justificación de este descanso se encuentra desde luego en la necesidad de que la mujer se recupere del parto, pero también en orden a que pueda compartir a tiempo completo con su hijo recién nacido, durante sus tres primeros meses de vida, período de extrema importancia en la relación afectiva con el recién nacido, y también en su amamantamiento.
El legislador le concede asimismo un permiso al padre, quien goza de un período de cinco días en caso de nacimiento de un hijo. Este permiso podrá utilizarse desde el momento del parto, caso en el cual serán cinco días corridos, o distribuirse dentro del primer mes desde el parto según estime conveniente. Este derecho también se concede en caso de adopción de un niño.
b) Descanso puerperal prolongado
Si como consecuencia del alumbramiento se produjese una enfermedad comprobada con certificado médico, que impidiese a la mujer regresar a sus labores una vez cumplido el descanso puerperal o postnatal, éste se entenderá prolongado por el plazo que fije el respectivo certificado.
c) Muerte de la madre durante el parto o descanso postnatal
Si la madre falleciere durante el parto o dentro de lo que durase su descanso puerperal, el permiso postnatal o lo que reste de él destinado al cuidado del hijo, corresponde al padre, quien gozará del fuero destinado a proteger a la madre y del subsidio equivalente a la totalidad de las remuneraciones que ella percibía.
IV. Elementos comunes al descanso prenatal y postnatal
a) Derechos mínimos e irrenunciables
La ley ha fijado estos derechos con un carácter de mínimos e irrenunciables, razón por la cual no es posible que el empleador los restrinja, ni que el trabajador disponga de ellos. Incluso más, el inciso quinto del artículo 195 del Código del Trabajo dispone que “[…] durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas”.
b) Remuneración de la mujer
Cuando abordamos el tema del feriado anual, destacamos que lo más importante de aquél es que se trata de un descanso pagado. En esta materia sucede algo similar, ya que el artículo 198 del Código del Trabajo dispone:
La mujer que se encuentre en el período de descanso de maternidad a que se refiere el artículo 195, o de descansos suplementarios y de plazo ampliado señalados en el artículo 196, recibirá un subsidio equivalente a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones que perciba, del cual sólo se deducirán las imposiciones de previsión y descuentos legales que correspondan.
c) Fuero maternal
Durante el período de embarazo de la trabajadora, y hasta un año luego de expirado su descanso puerperal o postnatal, gozará de fuero laboral. En tal sentido, el empleador no podrá poner término al contrato de trabajo sino con autorización del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160.
d) Formalidad legal
Para hacer uso delderecho a descanso de maternidad, ya seadescanso prenatal o descanso postnatal, deberá presentarse un certificado médico o de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período fijado para hacer efectivos los respectivos derechos. Estos certificados deben presentarse al jefe del establecimiento, empresa, servicio o empleador.
Publicado por jaasiel contreras en 12:59 0 comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir con Google Buzz
Enlaces a esta entradamiércoles 6 de abril de 2011
Primeras Leyes Laborales Y Sociales
Ley De La Silla.
Según el Artículo 193 del Código del Trabajo rige en Chile hasta hoy la antigua Ley de la Silla de 1914 y es reconocida como una de las primeras leyes laborales. En ciertos lugares de atención al público debe existir un “número suficiente” de asientos para trabajadores y/o trabajadoras, cuando no estén atendiendo clientes.
En medios nacionales a comienzos de mes aparecieron declaraciones de la diputada Adriana Muñoz, quien hizo la petición por el incumplimiento de los Pronto Copec en Hora de Incidentes y señaló que la hacía extensiva a las grandes tiendas como Falabella, Almacenes Paris y Ripley, ya que dijo que estas empresas tampoco respetan la ley que da derecho al asiento en la jornada laboral.
Señaló la parlamentaria que día a día trabajadores y/o trabajadoras están ocho horas de pie, sin derecho a sentarse, aunque existe esta ley tan antigua “(...) con un propósito tan simple y justo como su nombre".
La parlamentaria indicó que la empresa Copec está en manos de empresarios españoles, por lo que preguntó en forma pública "(...) si en el país ibérico se permitiría una desregulación de derechos tan magnífica, obvia, manifiesta e injusta como la que se hace hoy en nuestro país".
La Ley de la Silla fue la primera ley sobre ergonomía, idea y palabra que no existían en el vocabulario ni en las informaciones de la salud laboral a la fecha 7 de diciembre de 1914, cuando se promulgó en Santiago y, en sus tres artículos disponía que los establecimientos comerciales deberían mantener un número suficiente de asientos para todos sus empleados y/o todas sus empleadas, estableciendo una silla cada tres personas, quienes tendrían derecho a un descanso diario de al menos una hora y media. Las municipalidades quedaron a cargo de hacer cumplir la ley y su infracción fue sancionada con una multa de diez pesos.
Si bien la “ley de la silla” obligaba a los propietarios de establecimientos comerciales a colocar sillas, varios años después de su promulgación seguía siendo un texto puramente teórico y era violada en innumerables casos en jornadas de trabajo de 12 y hasta 14 horas. El argumento del empresariado de la época para violar el derecho era que “la silla enseña a flojo al empleado” y que era mejor para la actividad comercial que los dependientes permanecieran las 12 horas de pie.
También las disposiciones de otras leyes sociales, como la que establecía las condiciones en las que se debía desarrollar el trabajo infantil en fábricas, talleres, comercio y otras empresas, eran sistemáticamente burladas mediante distintas triquiñuelas. Con todo, entre 1906 y 1917 se dictaron un conjunto de disposiciones legales, que pueden ser consideradas como el antecedente inmediato de las leyes laborales de 1924 y el Código Laboral de 1931, como el contrato de trabajo para obreros y obreras; reforma a la ley de accidentes del trabajo; seguro de enfermedad, invalidez y accidentes; conciliación y arbitraje; sindicatos; cooperativas y contrato de trabajo para empleados y empleadas.
En abril de 2004, el entonces diputado Rodolfo Seguel propuso extender la cobertura de Ley de la Silla a trabajadores y/o trabajadoras de hoteles, restoranes, cafés y clubes, ya que contemplaba la situación de descanso en almacenes, tiendas, bazares, bodegas y depósitos de mercadería. El diputado afirmó que su propuesta de actualizar la "ley de la silla" tenía como objetivo que en el país se "tome conciencia" de la necesidad de tiempos de descanso y lugares para descansar en la jornada laboral. Sus argumentos eran para reiterar la necesidad de descanso por 15 minutos cada una hora entre quienes deben permanecer de pie en su labor diaria. "Es necesario hacer una modificación para que los trabajadores y las trabajadoras que desarrollan la actividad de trabajo de pie puedan tener un tiempo y un espacio para sentarse y descansar", declaró en la época.
La réplica entre empresarios no se hizo esperar y mostrando que no han cambiado sus puntos de vista, en un medio digital empresarial en octubre de 2004 señalaba en su reseña legislativa que la Ley de la Silla “(...) constituye un despropósito, que consiste en rebajar en dos horas la jornada diaria de trabajo, y con la obligación de permanecer en el lugar donde se prestan los servicios” En poco menos de cien años, el mercado laboral se ha vuelto más complejo y aparecen nuevos temas en las relaciones entre quienes emplean y quienes trabajan siendo más difíciles de resolver, sobre todo porque esas relaciones son difusas y con reglamentaciones que no se cumplen, porque los puntos de vista nunca fueron tan diametralmente contradictorios como actualmente.
Entre los ámbitos relevantes de la vida está el empleo como inserción en la sociedad y se relaciona con la dignidad y la condición humanas. Se trata de un principio fundamental en el desarrollo de las personas que hace posible desarrollar capacidades individuales en contextos colectivos, transformando a las personas y al mundo. Puesto que el trabajo es una necesidad, también es un derecho y la legislación laboral es una herencia cultural y un recurso social a la cual todos los trabajadores y todas las trabajadoras deben tener acceso y ponerla a su disposición.
Los cambios en la economía mundial han afectado las condiciones del mercado laboral y es clara la tendencia a la precarización del empleo y a la vulnerabilidad de la condición de los trabajadores y las trabajadoras, sin embargo el conocimiento de los derechos y responsabilidades de trabajadores y trabajadoras es una herramienta fundamental para defender y exigir el cumplimiento de las leyes.
Los desafíos a la organización sindical exigen una gran cuota de disposición a formarse en derechos y con creatividad sortearlos frente a la postura de empleadores respecto de los derechos laborales, sin olvidar que también hacen parte de los problemas en el país el trabajo subcontratado, el de inmigrantes, el acoso sexual, el terrorismo psicológico laboral, los derechos laborales de las minorías, masificación del trabajo informal y del teletrabajo, entre otros temas.
Siempre es bueno, de vez en cuando, mirar atrás para ver lo que se ha conseguido, sobre todo para sopesar cuánto nos falta por poner al día.
Ley Del Contrato De Trabajo.
Las primeras normas que gestan el Derecho Laboral, son las que se refieren a la prevención de riesgos laborales.
En España, las primeras normas laborales, en sentido estricto, aparecen, en un primer momento, como consecuencia de una actuación altruista por parte del legislador ante las desigualdades existentes en la relación laboral. En este período, el contrato de trabajo es, en realidad, un contrato de adhesión donde el empresario impone las condiciones que más favorables son para él, mientras que el trabajador sale perjudicado.
Las primeras leyes están destinadas a la protección de mujeres y niños en el trabajo. En 1873, Ley de 24 de julio, aparece la primera norma de la legislación laboral española, cuyo objeto es la regulación del trabajo de los menores y mujeres. Sienta un serio precedente al prohibir trabajar a los menores de 10 años. También establecía otras prohibiciones como la de los trabajos nocturnos a menores de 16 años. Sin embargo, no existe una voluntad de regular el ámbito de las relaciones laborales, sino más bien, un afán altruista por paliar estas condiciones de trabajo tan inhumanas.
En la época de la Revolución Industrial, no existían jornadas de trabajo establecidas y las condiciones de trabajo eran de una alta insalubridad. Al mismo tiempo, la aparición de nuevas máquinas en las fábricas dispara la siniestralidad laboral.
No hay intervención estatal en la regulación de las relaciones laborales, hasta la creación de estas primeras leyes.
En 1878, aparece otra norma, Ley de 26 de julio, que regula, también, el trabajo de los menores, prohibiendo algunos trabajos a menores de 16 y 18 años: trabajos peligrosos, insalubres, de fuerza, dislocación, equilibrio y como buzos o domadores de fieras. Dicha Ley prohibía algo muy habitual en la época, como era la actuación de menores en espectáculos circenses. Esta norma contenía un mecanismo de persecución penal a los padres de estos niños. A diferencia de la anterior, ésta sí tuvo cierta efectividad.
Comienza, pues, un cambio social y surgen las reivindicaciones obreras, pasando el Gobierno a interesarse por estos problemas, pero no ya con fines altruistas, sino con el objetivo de acallar estas voces.
Así, en 1886, se crea en nuestro país la Comisión de Reformas Sociales para regular de una forma seria las condiciones de trabajo. Es un organismo que adquiere gran relevancia para la creación del Derecho Laboral, encargándose de estudiar las peticiones de los trabajadores. De esta manera, surge la primera Ley de Accidentes de Trabajo de 31 de enero de 1900. Además, se aprobaron más normas de este tipo durante la existencia de este organismo. Dicha Ley, Introduce el concepto de indisponibilidad de los derechos del trabajador: toda cláusula contractual donde el trabajador renuncie a los derechos que el legislador le otorga, serán nula. Asimismo, establece un listado de las consideradas incapacidades profesionales y las posibles indemnizaciones en caso de AT.
Esta Ley tiene una gran importancia. Por un lado, mediante ella, se crea la Teoríadel Riesgo Profesional: el riesgo es consustancial al trabajo que se realiza. Por tanto, el empresario, o bien paga una indemnización en caso de accidente laboral, o bien protege al trabajador mediante una póliza de seguros, contratada con una aseguradora reconocida legalmente por el Estado, que cubra ese riesgo en concreto.
Con la Ley de Accidentes de Trabajo de 1932, el seguro, que hasta ese momento era de carácter voluntario, se vuelve obligatorio.
El concepto de Accidente de Trabajo, recogido en la Ley de 1900, es un concepto que sigue vigente hasta nuestros días, al igual que el de Recargo de Prestaciones(naturaleza sancionadora y reparadora al mismo tiempo).
En 1900, se crea una Orden, la primera norma preventiva en sentido estricto, ya que las anteriores son normas preventivas indirectas.
Hasta la dictadura franquista, no existen normas preventivas en sentido estricto, sino reparadoras. La primera, en este sentido, es la creada en 1940.
En 1900, única excepción a esta afirmación, surge un catálogo de medidas preventivas, pero sin valor normativo. Era una Orden Ministerial, Catálogo de mecanismos preventivos, donde el legislador se limitaba a exponer una simple enumeración de dichos mecanismos, sin vincular, en ningún momento, al empresario. No obligaba a éste, ni establecía normas de utilización, era meramente descriptivo.
Después de la Ley de 1900, surge otra norma importante. En 1906, se crea elReglamento de la inspección de Trabajo. Es una norma decisiva, ya que se había concluido que toda la normativa anterior no había tenido una utilidad práctica, al no crear un mecanismo coercitivo para su cumplimiento. Por ello, se crea la Inspección de Trabajo, cuya función principal es la fiscalización del cumplimiento de la Ley de Accidentes de trabajo de 1900. A partir de aquí, se puede hablar de Derecho del Trabajo, en sentido amplio y estricto.
En 1912, se aprueba la Ley de la Silla, norma con la que se comienza a regular la obligación, en los establecimientos no fabriles, de los empresarios de conceder una silla a las trabajadoras durante el desarrollo de la actividad laboral. Es la primera Ley que introduce el Principio de adecuación al trabajo. Años más tarde, este derecho será extendido a los varones.
En 1922, surge la norma que sustituiría a la Ley de Accidentes de trabajo de 1900. Aglutina a esta última e introduce una matización del concepto de Accidente de Trabajo: la imprudencia profesional como causa de Accidente de trabajo protegida por el Ordenamiento. Dos circunstancias romperían el nexo de causalidad, que harían que el Accidente de Trabajo no fuera considerado como tal:
- La actitud dolosa o imprudencia temeraria.
- La fuerza mayor.
Con la dictadura de Primo de Rivera, se sigue manteniendo el talante reparador de la normativa laboral en materia de riesgos laborales. Hasta este período, no existía en nuestro país una regulación seria, que fijase las condiciones de trabajo.
Se crea el Código de Trabajo de 1926, donde se recopilan y fijan las condiciones de trabajo. Además, aglutina la Ley de Accidentes de Trabajo de 1922. Al hablar en ella de prevención, se refiere sólo a la reparación del Accidente de Trabajo.
Por tanto, Primo de Rivera no aporta ninguna novedad legislativa significativa a la materia en Prevención de Riesgos Laborales.
Con la II República, se da un pequeño cambio en la reparación del Accidente de Trabajo, mejorando más el panorama de las relaciones laborales.
Se aprueba el precedente de lo que hoy es el Estatuto de los Trabajadores : la primera Ley del Contrato de Trabajo de 1931.
Se aprueba el precedente de lo que hoy es el Estatuto de los Trabajadores : la primera Ley del Contrato de Trabajo de 1931.
Le sigue la Ley del Contrato de Trabajo de 1944, ya en la etapa franquista.
Durante la II República, se dan dos circunstancias significativas :
- Se aprueba la Ley de Seguro Obligatorio de Trabajo (hasta ese momento era voluntario)de 4 de julio de 1932.
- Ley de 13 de julio de 1936, donde se obliga a asegurar al trabajador ante la Enfermedad Profesional.
Todas estas Leyes seguían teniendo un carácter profundamente reparador.
Hasta la etapa franquista, el legislador se centra en el momento que ya se ha producido el daño: carácter reparador.
Con la dictadura franquista, se crea el Fuero del Trabajo en 1938, que es, básicamente una proclama de principios (empapada en los valores fascistas) sobre las directrices a seguir en materia sociolaboral. Se advierte en ella, una preocupación laboral y social por la figura del trabajador.
Se crea, por primera vez en la historia de la legislación española, una norma de carácter preventivo en el Derecho Laboral: Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1940. Recoge de manera sistemática y rigurosa medidas preventivas y de higiene en la empresa. Su objetivo es proteger al trabajador contra los riesgos propios de su profesión, que puedan poner en peligro su vida y salud. Este es el fin de una norma preventiva y ya así lo definía el legislador en este período.
Otras normas de esta etapa son las Ordenanzas Laborales. Es un segundo nombre de la Ley de Reglamentaciones de Trabajo de 1942. En ellas, se regulan, sectorialmente, las condiciones de trabajo. La denominación como Ordenanzas Laborales la recibe en la década de los ’70. Se encargan de regular aspectos como el salario, la jornada laboral, las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, etc.
Sin embargo, hoy día, la negociación colectiva ha ido desplazando a las Ordenanzas Laborales, aunque algunas continúan vigentes.
En 1944, se crea, también, la Ley de Contrato de Trabajo, como ya hemos indicado anteriormente.
El Estatuto de los Trabajadores regula las condiciones, que regirán en el contrato de trabajo. Una, expresamente regulada, es aquella que expone, que el empresario vigilará la seguridad de sus trabajadores. En el ámbito privado (contrato de trabajo), no se contemplaba el derecho del trabajador a estar protegido durante la prestación, hasta la creación del Estatuto de los trabajadores en 1980.
Por tanto, volviendo al período franquista en España y como decíamos, es palpable la preocupación social (siempre dentro del contexto de falta de libertades) por el trabajador, con un carácter preventivo. Así, aparece el Decreto de 26 de julio de 1957. Aquí, la mujer y los menores son los colectivos objeto de la mencionada norma. Ambos eran denominados como media fuerza de trabajo. Con esta norma se busaca protegerlos, prohibiéndoles realizar algunos tipos de trabajo en relación a la nocividad, insalubridad, etc. (minería, industria del caucho, del papel, etc).
La particularidad de dicho Decreto reside en la continuidad de su aplicación hasta nuestros días, a pesar de que el Tribunal Constitucional, en 1992, lo declaró anticonstitucional. No se deroga expresamente hasta 1995, pero sólo en atención al colectivo femenino, para los menores sigue vigente. Desde hace unos años, se espera un Real Decreto que aplique una nueva regulación en esta materia, derogando ya en su totalidad el Decreto anterior de 1957.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 ha sufrido ya 4 modificaciones de gran envergadura desde su creación.
Publicado por jaasiel contreras en 10:45 0 comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir con Google Buzz
Enlaces a esta entradaEl salitre
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvgEwb7uZsQtsBcKBfK0A9Ey94Db0lHqSUYADWjSrp5Szljj-PIMOXMmxrwAQFzS4zm-MTti_Twd-JubdtHUw23NPKAHnQprOOQzTkFSlgPQI0aj4FtkXtLyWBHD5KJFvnDSV5TAN3S_4/s1600/salitre04.jpg)
Los primeros antecedentes de la explotación del salitre se remontan al mundo colonial, en el que los españoles lo emplearon para fabricar pólvora. Al iniciarse el siglo XIX, el salitre tarapaqueño comenzó a ser conocido en Europa por sus bondades agrícolas (fertilizantes) e industriales (pólvora). Al mismo tiempo, exploradores y empresarios chilenos descubrían y echaban andar la explotación del salitre en el salar del Carmen, a 20 kilómetros de la futura Antofagasta, a través de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta S.A.
En posesión de los territorios, el gobierno chileno resolvió dejar en manos privadas la explotación del salitre, pero el Estado aplicó un elevado impuesto de exportación que le reportaba enormes recursos. Los empresarios favorecidos por la “reprivatización” de las oficinas salitreras, fueron mayoritariamente ingleses, entre los que destacó John Thomas North, llamado en la época el "Rey del Salitre", como demostración del dominio británico sobre el salitre en Chile.
La explotación del salitre se caracterizó por su orientación pre-moderna basada en unidades productivas dispersas y de baja tecnología; asimismo la técnica de elaboración del salitre, fue variando hasta que se consolidó un sistema llamado Shanks. Sólo a fines de los años veinte surgió una modernización de la industria con el sistema Guggenheim en las oficinas de las salitreras María Elena y Pedro de Valdivia.
Una de las consecuencias de este particular sistema productivo fue la formación de numerosos centros poblados en la pampa salitrera y en los puertos vecinos, así como también la instalación de una extensa red de ferrocarriles. Igualmente, el crecimiento de la población radicada en las localidades y oficinas del interior y en puertos y caletas de la costa, se produjo rápidamente, a causa de la migración de hombres y mujeres al norte grande en busca de oportunidades de progreso.
Vista la comercialización del salitre en forma dinámica, se observa un proceso de expansión progresiva de la producción hasta fines de la Primera Guerra Mundial: de 500 mil toneladas, en la década de 1880, se llega durante los años del conflicto bélico a bordear los 3 millones de toneladas de producción anual. Concluida la guerra, comenzó la crisis de la industria salitrera producto de la competencia del salitre sintético, que obligó a una fuertecampaña publicitaria del salitre natural. Sin embargo, no impidió que disminuyera la producción salitrera a un promedio de un millón y medio de toneladas anuales entre los años 1920-1927, para volver a alcanzar elevadas cifras en 1928-1929 y caer violentamente en la crisis de los años treinta.
El auge del salitre y el desarrollo económico y social del país estuvieron asociados desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, manifestándose en la expansión del comercio, la industria, la agricultura y el aparato estatal. Asimismo, contribuyó al surgimiento de un proletariado industrial y una incipiente clase media. En definitiva, fue la base para un conjunto de transformaciones sociales y políticas que cambiarían el país en el siglo XX.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ9fQxq8GFpoT1MAuQeC70TP9zic_IAi0YJSKVZcGENBbs8TOWsUR8mLGDVSGBv4eUc6CLWuV1bJ9PlNM3gk4p7o0M7UoI6pfEFNo4MPVhZZEZFYC8MW0mxE-viHhhXjoUizOO9Ze9XkY/s1600/salitre01.jpg)
La demanda por salitre disminuyó. La población que trabajaba en la pampa salitrera debió afrontar la cesantía de miles de obreros.
Publicado por jaasiel contreras en 10:17 0 comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir con Google Buzz
Enlaces a esta entradalunes 4 de abril de 2011
Problemas Económicos & sociales
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)